GOBIERNO DIFUNDE LEY DE TRANSPARENCIA EN TODO EL PAÍS.

“Con 16 Jornadas de Información a funcionarios públicos”

En la Región de Tarapacá participaron 200 funcionarios encargados de implementar la Ley N° 20.285 en los distintos organismos y servicios públicos regionales. Desde el 20 de marzo hasta el 7 de abril, la Comisión de Probidad y Transparencia realizará 15 Jornadas Regionales -una en cada capital regional- y una Jornada Nacional para informar a los funcionarios públicos sobre los aspectos técnicos, operativos y procedimentales de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Con una masiva asistencia de funcionarios públicos, entre los que se encontraban directores de servicios y secretarios regionales ministeriales, fue inaugurada en
la Región de Tarapacá la Jornada Regional de Información de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, organizada por la secretaría general de la Presidencia y la secretaría regional de Gobierno. La actividad es parte de las acciones desplegadas por el gobierno para preparar a la administración del Estado en la implementación de la nueva normativa, asegurando un 100% de cumplimiento para el 20 de abril, fecha de su entrada en vigencia.

La inauguración estuvo a cargo del intendente Miguel Silva Rodríguez, además de la presencia del diputado Fulvio Rossi Ciocca. El evento contó con el saludo del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar Chacra, el que se encuentra en la región visitando obras de su cartera. La autoridad ministerial destacó que la Ley 20.285 “constituye un avance trascendental en la modernización del aparato público y la profundización de la democracia, y forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet en noviembre del 2006”.

El objetivo de estas jornadas es informar en profundidad acerca de los alcances de la nueva legislación y entregar las orientaciones necesarias para que los funcionarios encargados de implementarla en sus distintos campos de acción cuenten con herramientas adecuadas para cumplir con la nueva normativa.

Durante el encuentro, Jazmín Díaz, y Rodrigo Mora, y Rodrigo Díaz, relatores y abogados de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, organismo que encabeza el proceso de implementación a nivel nacional, presentaron los principales componentes de la Ley N° 20.285, así como las herramientas y sistemas tecnológicos que ha diseñado la Comisión para homogeneizar los procesos de entrega de información pública y recepción de solicitudes por parte de la ciudadanía.

Tras una presentación general de la Ley de Transparencia y sus principales componentes, los funcionarios públicos de la Región trabajaron en talleres temáticos en los ámbitos de la Transparencia Activa, Gestión de Solicitudes y Gestión Documental.

Al respecto, el intendente Miguel Silva Rodríguez, señaló que “puedo decirles que en Tarapacá se desplegaron planes coordinados para la implementación de esta normativa. Nuestra obligación como funcionarios y altos directivos del Estado es cumplir con el principio de transparencia en nuestras actuaciones, labor que se refuerza con la implementación de esta ley. Todo este proceso, silencioso para algunos, demuestra un gran esfuerzo, responsable y serio de un gobierno que ha apostado por la transparencia”.

“La entrada en vigencia de la nueva Ley de Transparencia involucra un cambio trascendental en la relación que ha existido hasta ahora entre el aparato público y la ciudadanía. En este sentido, la iniciativa propia y el trabajo constante de los funcionarios públicos son fundamentales e insustituibles para el avance de este proceso de modernización y democratización del Estado”, la autoridad de Tarapacá agregó que “…esta jornada viene a coronar el esfuerzo que hemos realizado como gobierno regional durante varios meses. De esta forma nuestros encargados de archivo, gestión de solicitudes y de transparencia activa alinean sus tareas”, manifestó el intendente regional.

El cambio que implica esta nueva normativa trasciende lo puramente legal. La nueva etapa exigirá una actitud proactiva de los funcionarios públicos en la profundización y aplicación práctica del principio de la transparencia, más allá de las obligaciones específicas contenidas en la ley. El desafío es lograr que el principio de la transparencia forme parte de la cultura de los servidores públicos, como un elemento esencial de los códigos de probidad del sector público.

Alcances de la Ley N° 20.285

La Ley sobre Acceso a la Información Pública, o Ley de Transparencia, regula el principio de transparencia en la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

Uno de sus principales ejes es la Transparencia Activa, que se refiere a toda la información que los servicios y organismos públicos deberán mantener publicada en forma permanente en sus respectivos sitios web, a la que se podrá acceder a través del banner Gobierno Transparente. Desde ahora no será necesario que el ciudadano pida o busque la información que necesite, con el gasto de tiempo y energía que ello significa. Será el Estado el que pondrá a su disposición una abundante información de manera fácil, completa y actualizada.

Aquí será posible encontrar las nóminas de quienes trabajan en el Estado y su remuneración mensual, qué servicios y bienes contratan y con quiénes; a quiénes transfieren dineros públicos para realizar sus planes y programas; cuáles son el diseño, los montos y el criterio de acceso a los programas de subsidios y las nóminas de beneficiarios. También se publicará aquí el presupuesto de cada organismo, cómo lo gasta y los resultados de las auditoría al ejercicio presupuestario.

Además, la Ley garantiza el acceso a la información pública a través de la Transparencia Pasiva o Gestión de Solicitudes. Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a solicitar cualquier información a los servicios públicos y a otros poderes del Estado. La autoridad estará obligada a responderles dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia reservada que puede afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad nacional, entre otras causales legales.

Con esta Ley se crea también el Consejo para la Transparencia. Se trata de un organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer normas generales sobre la materia y aplicar sanciones.

Chile exhibe estándar internacional

La entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública marcará un hito en la historia del sistema político y administrativo del país. Chile se ubicará entre aquellos países que exhiben los índices más altos en transparencia pública en el mundo puesto que la nueva Ley cumple con los más exigentes estándares de la legislación internacional, lo que contribuye a la lucha frontal contra la corrupción.

Históricamente en Chile quienes más cambios han realizado en el Estado en materia de probidad y transparencia han sido los gobiernos de la Concertación, y por cierto, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet quien, con iniciativas como ésta, se ha propuesto avanzar decididamente hacia una mejor democracia, un mejor Estado y un área pública cada vez más moderna y eficient

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